El actual proyecto de ley busca modificar la actual, 19.223, que solo posee cuatro puntos referidos específicamente a sabotaje y espionaje. Entre las nuevas modificaciones y penas que se encuentran están las siguientes.
– Filmar o fotografiar a otras personas sin previo aviso en situaciones que vulneran su intimidad o que atentan contra su dignidad o seguridad personal. Penas de cárcel de 541 días a 3 años.
– Difundir contenido informativo o registro de imagen o sonido sin consentimiento. Ya sea conversaciones de WhatsApp u otros servicios de mensajería interno y puede ser texto, imagen o video. Combatiría filtraciones y/o el "porno de venganza". Penas de 541 días a 3 años.
– Producir u obtener dispositivos o programas concebidos o adaptados para delitos en información. Dígase crear software para hackear o crear hardware para clonación de tarjetas. Penas de 61 a 540 días.
– Difundir sin consentimiento información contenida en soportes, sistemas o medios informáticos. Por ejemplo, vender bases de datos para motivos maliciosos o lucrar con información privilegiada de empresas. Penas de 541 días a 5 años.
– Manipular datos en un sistema o procesamiento; uso de una o más claves confidenciales; uso de datos codificados en una tarjeta, entre otros. Esto combatiría el phising y aquellos que intentan sabotear o engañar a gente para acceder a contraseñas. Penas de 301 días a 5 años.
– Producir, facilitar u obtener dispositivos o programas para delinquir respecto de datos informáticos, claves y datos codificados. Sanción de 61 a 540 días.
– Alterar o suprimir uno o más datos informáticos. O sea hackear. Penas de 541 días a 5 años.
– Introducción, transmisión, alteración o supresión de datos que obstaculizan acceso al sistema impidiendo así su adecuado funcionamiento. Dígase de sabotaje mediante hackeo. 541 días a 5 años.
Como mencionamos anteriormente, todas estas serían las potenciales actualizaciones que actualmente son proyecto de ley, nada aún se encuentra activamente funcionando o legislándose, pero de aprobarse finalmente estaríamos a la par con los estándares internacionales. Solo quedaría ver como las policías locales planean activamente monitorear y actuar en estos casos y con que rapidez lo harían.
Ya ayer se dio a conocer que las empresas proveedoras de Internet de Chile poseerán en sus registros las direcciones IP de sus abonados por al menos dos años en caso de que sea necesario que contribuyan en investigaciones policiales.
[Fuente 1, 2]
