Tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, la desarrolladora de videojuegos Wargaming, conocida mundialmente por el juego World of Tanks, anunció su ruptura total con los mercados de Rusia y Bielorrusia, vendiendo sus operaciones locales y dejando la gestión en manos de Lesta Games, que comenzó a operar como una entidad independiente.
Pero esa separación no ha sido suficiente a los ojos de Rusia, ya que dos años después de aquel retiro, ha iniciado una ofensiva judicial contra los antiguos y actuales responsables de ambas compañías. En concreto, luego de acusaciones de extremismo, el Gobierno de aquel país solicitó prohibir las actividades del propietario de la desarrolladora y solicitó la confiscación de sus activos.
Los actuales desarrolladores se oponen a los intereses del Estado ruso, según la demada
Los documentos judiciales, revelados en exclusiva por la agencia RIA Novosti, especifican que la acusación está centrada en presuntas actividades de carácter extremista por parte de los empresarios. En estos, se indica que la Fiscalía General de Rusia ha presentado una demanda ante el Tribunal del Distrito Taganski de Moscú, para prohibir las actividades de una supuesta asociación entre Malik Khatazhaev, actual dueño de Lesta Games, y Viktor Kisly, fundador de Wargaming.net.
Además, ha solicitado la confiscación total del capital accionario de Lesta en favor del Estado, argumentando que Kisly y Khatazhaev formarían parte de una agrupación cuyas acciones, directas o indirectas, se oponen a los intereses del Estado ruso.
Para respaldar la demanda, el Ministerio Público ha presentado una serie de publicaciones periodísticas que reflejarían una postura crítica hacia la invasión de Ucrania y el rol de Rusia en el conflicto.
World of Tanks como prueba de los supuestos actos de extremismo
Entre los artículos citados por la Fiscalía se encuentran titulares como: “El juego más militar: World of Tanks contra la operación especial de Rusia”, “Cómo Wargaming sobrevivió 25 años y enfrentó la guerra en Ucrania”, y “Wargaming lanza un proyecto benéfico con contenido ucraniano para recaudar fondos destinados a ambulancias de reanimación”.
La presión judicial no se limita a las acusaciones ideológicas, ya previamente se había informado sobre la imposición de medidas cautelares que afectaron directamente a Lesta Games. Estas incluyeron la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de realizar actos jurídicos vinculados a sus bienes y operaciones.
Como reacción, la compañía interpuso un recurso de apelación parcial, solicitando que se reconsideren las medidas, alegando que afectan de manera significativa su funcionamiento y sostenibilidad financiera. Según muchos analistas, el caso refleja el endurecimiento del Kremlin contra toda entidad empresarial que haya manifestado posturas divergentes frente a la llamada “operación militar especial” en Ucrania.
Tanto Viktor Kisly como Malik Khatazhaev figuran entre los empresarios más influyentes del ámbito de los videojuegos en Europa del Este y es por aquello que para terminar su vinculación en este proceso judicial será observada con atención por la comunidad internacional.
Esto ya que se teme un incremento en la persecución contra empresas independientes en Rusia, especialmente en sectores estratégicos como el digital, el creativo y el tecnológico.
Prohibirán el envió de consolas PlayStation y Xbox a Rusia para frenar el uso militar de sus controles para manejar drones
En un esfuerzo por intensificar la presión sobre Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, la Unión Europea (UE) ha propuesto una serie de sanciones, que incluyen la prohibición de la venta de consolas de videojuegos en territorio ruso. Idea que fue presentada principalmente para que, según indican, se limite el acceso a controles de estas consolas, los cuales puedan ser utilizados para fines militares, como el uso de drones.
Aunque empresas líderes en la industria de los videojuegos como Microsoft, Sony y Nintendo ya han suspendido la venta directa de sus productos en Rusia desde marzo de 2022, la nueva restricción propuesta por la UE va más allá al apuntar a bloquear la exportación de consolas a través de terceros, incluyendo el mercado de segunda mano.
