Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / Cobertura / Instagram / Discord
Nadie puede negar el poder publicitario que ejercen los llamados influencers, quienes utilizando sus redes sociales o compartiendo videos o transmisiones en vivo en sus canales de Youtube o Twitch, generan, en los casos más importantes, ganancias millonarias con solo un par de publicaciones, las cuales son seguidas por fans leales a quienes llegan de una forma más “cercana” que cualquier comercial tradicional de televisión, radio o periódico.
Poder que además, no está normado en muchos países por lo que estos influencers tienen muchas veces total libertad en cómo hacen llegar el mensaje, al no existir regulación específica a su actividad. Libertad que está por acabarse en España, donde pronto se aprobará la llamada Nueva Ley Audiovisual.
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La ley, que se espera se encuentre vigente dentro del primer semestre de este año, incluirá a los conocidos vloggers e influencers ya que estos “utilizan y difunden sus contenidos a través de plataformas de intercambio de vídeos”, según indica la denominación oficial de la CNMC, siglas para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española.
Esto, ya que serán declarados como “prestadores de servicio de comunicación audiovisual” y deberán rendir sus obligaciones como cualquier agencia publicitaria o estudio audiovisual lo hace, manteniendo las mismas obligaciones y responsabilidades de los tradicionales agentes del medio, arriesgando multas de hasta un millón y medio de euros de ser cumplidas.
“No hay ninguna ley como tal que regule la actividad de los influencers, solo un código de conducta con una serie de reglas básicas para que los contenidos publicitarios se acomoden a los valores que quiere la marca sin sobrepasar ningún límite, y no hemos tenido nunca ningún problema”, indicó Álvaro Sanz, responsable del departamento de la agencia de marketing Social Media de Neoattack.
Según indica el diario español El País, estas obligaciones y responsabilidades serán normadas solo en caso de influencers y no a cualquiera que suba un video a redes sociales, ya que según la propuesta de la CNMC deben cumplirse hasta siete requisitos: tratarse de un servicio económico; el prestador debe ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece; debe ser un servicio dirigido al público en general; la función de los contenidos tiene que ser principalmente informar, entretener o educar; su propósito principal será la provisión de programas, y esos programas deben ser audiovisuales y deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas.
La ley además sancionará a los influencers si son sorprendidos realizando publicidad engañosa como comunicaciones comerciales encubiertas, utilice técnicas subliminales o que en sus publicaciones compartan mensajes nocivos para la salud o cometan infracciones de la protección al menor o delitos de odio.
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