Amazon se encuentra en el centro de una nueva controversia laboral, luego de que tres de sus trabajadores denunciaran sentirse intimidados y vigilados por la compañía tras haber testificado a favor de una pausa en la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en la ciudad de Seattle. Los empleados, identificados como Darius Irani, Patrick Schloesser y Liesl Wigand, quienes además forman parte del grupo de Trabajadores de Amazon por la Justicia Climática (AECJ por sus siglas en inglés), aseguran que se enfrentan a una posible investigación que podría terminar en sus despidos por supuestamente violar las normas internas de la empresa al hablar en público.
Todo aquello provocando que la directiva iniciara un proceso de investigación corporativa al sospechar que actuaron como voceros oficiales, una situación que ya escaló hasta las oficinas locales de derechos civiles en medio de un clima tenso por el impacto ambiental que generan estas megaobras tecnológicas.
Reuniones tensas y la postura oficial de la empresa
Todo este problema comenzó a escalar poco después de que la ciudad aprobara la prohibición de un año para estos centros de datos de IA, momento en el cual los tres trabajadores fueron llamados a reuniones virtuales individuales por Zoom con el personal de recursos humanos, donde se les informó que la compañía estaba revisando de cerca los comentarios que hicieron en público. Según los propios afectados, el ambiente durante estas videollamadas fue de intimidación y desde entonces sienten que están siendo monitoreados en sus puestos de trabajo, un escenario que ha generado bastante preocupación y que podría terminar en el despido de los involucrados.
“Simplemente hicimos declaraciones generales diciendo que apoyamos el derecho del gobierno a regular los centros de datos y la IA”, indicó Schloesser a The New York Times.
Por su parte, la empresa se ha defendido argumentando que, si bien todos tienen derecho a opinar libremente sobre su entorno de trabajo, nadie tiene permitido presentarse como vocero oficial sin autorización. Para aclarar esta postura, la portavoz de la empresa, Margaret Callahan, explicó la situación a los medios de comunicación señalando exactamente lo siguiente: “A medida que analizamos más de cerca cómo se representaron estos empleados a sí mismos, y cómo fueron recibidos sus comentarios por los demás, quedó claro que podrían haber estado hablando en su calidad de Amazonianos y no como ciudadanos privados”.
Además, la representante agregó para justificar el proceso que: “Creemos que es importante aplicar nuestras políticas de manera consistente, así que, tal como lo haríamos con cualquier otra persona, estamos investigando si hubo una violación de nuestras políticas y podemos o no tomar medidas en función de lo que encontremos”.
La defensa legal de los trabajadores y el impacto en la industria
Ante este panorama tan incierto, los representantes legales de los trabajadores decidieron no quedarse de brazos cruzados y enviaron una carta formal a la Oficina de Derechos Civiles de Seattle (SOCR), una agencia del gobierno local encargada de hacer cumplir las leyes contra la discriminación laboral, pidiendo que se investigue a fondo esta situación. Los abogados argumentan con firmeza que la investigación interna es una represalia directa por sus testimonios en el concejo municipal y recalcan que Irani, Schloesser y Wigand en ningún momento utilizaron tiempo u horario de la empresa para hacer sus comentarios.
Sumado a lo anterior, tampoco mencionaron el nombre de su empleador ni compartieron ningún tipo de información confidencial durante la audiencia, todo dentro de un conflicto que no es algo completamente nuevo para el grupo de justicia climática, ya que en el año 2020 la compañía despidió a dos líderes de esta misma agrupación por intentar darle visibilidad a la falta de seguridad para los trabajadores de los almacenes durante la pandemia.
Para cerrar, aunque Amazon asegura que todavía no ha tomado ninguna decisión definitiva y que solo se trata de una investigación en curso, esta noticia representa un duro golpe para la imagen de la empresa y para la industria tecnológica en general, especialmente en un momento donde los centros de datos están recibiendo muy mala prensa. Esto, porque el público sigue muy preocupado por las consecuencias negativas de estas enormes instalaciones, como el aumento en los costos de electricidad, la caída en la presión del agua de los vecindarios y la molesta contaminación acústica que afectan directamente a las comunidades.
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